La premura de la Asamblea Nacional por aprobar proyectos de ley, como el de comunicación, es una de las responsables de excluir del debate, democrático y participativo, a personas e instituciones que no estamos en ninguno de los dos polos centralistas del Ecuador: Quito y Guayaquil.
De todas formas, y pese a exclusiones y apuros, la Escuela de Comunicación de la Universidad de Cuenca ha decidido dedicar generosos espacios –sin afectar el desarrollo académico de los estudiantes de periodismo y relaciones públicas– a una discusión aguda sobre lo que debería ser una ley de comunicación que garantice, entre otros aspectos, el libre acceso a la información y sus fuentes; la no censura previa de los contenidos; la responsabilidad ulterior de los comunicadores en la emisión de noticias; la obligatoriedad de los medios de comunicación de garantizar la participación remunerada de pasantes provenientes de las escuelas de periodismo; la defensa del ejercicio profesional del periodista…
Y este proceso no es nuevo. Desde hace varias semanas, por iniciativa de un grupo de estudiantes y docentes, los tres proyectos de ley propuestos por Panchana, Tibán y Montúfar, fueron analizados en las aulas, gracias al apoyo de diario El Comercio que entregó 400 ejemplares impresos de los tres proyectos de ley. Cada docente discutió, analizó y procesó los artículos, hasta que trascendió que las tres iniciativas se habían diluido y la Comisión Ocasional de Comunicación trabajaba “contrarreloj” para montar un nuevo proyecto que deberá estar terminado, aprobado y santificado hasta el 20 de noviembre.
Los acuerdos a los que se han llegado en las aulas resultan interesantes, aunque también han dejado dudas. Como por ejemplo: ¿Sumarse como Universidad con sus aportes al proyecto, se interpretaría como un aval a una ley de la que se sospecha pretende amordazar a los medios que no se alineen con el régimen de turno?
¿Evadir la responsabilidad, y el derecho, de expresar opiniones desde la cátedra y enriquecer el proceso de elaboración de la ley de comunicación, a futuro puede pasar a los involucrados una onerosa factura ante la inevitable aprobación del proyecto regulador de los medios de comunicación?
¿Oponerse a la ley, por considerarla un proyecto mordaza, perennizaría la “patente de corso” que ciertos medios y periodistas se toman para vivir del oficio, poniéndolo al servicio de sus intereses y dejando al ciudadano común a expensas de los atentados a la honra ajena?
Las jornadas de reflexión han reparado, además, en la necesidad de ejercer un periodismo responsable, preciso, exacto, riguroso, responsable, como la mejor estrategia contra cualquier proyecto de ley que posteriormente puede tornarse en un instrumento de presión desde el poder contra la prensa independiente.
Lamentablemente, apremiados por la misma celeridad impuesta por la Comisión, no se logró reunir al resto de universidades cuencanas para fomentar una discusión integral de los temas que se propondrán a la Comisión Ocasional.
Hoy y mañana se realizarán las dos últimas instancias para definir la propuesta definitiva desde los estudiantes y docentes; esperamos redactarla hasta la próxima semana.
La cátedra cuencana se merece la oportunidad de que su opinión se incluya en la ley. Y eso depende de su voluntad, señora Carrillo
Artículo publicado en EL UNIVERSO y EL COMERCIO.