El gobernador del Azuay lo dijo como si finalmente el tema se lo trataría en serio: el sector de La Josefina, 25 kilómetros al Este de la ciudad, está –nuevamente– en estado de emergencia. Y solicitará al Presidente de la República un estado de excepción.
La Josefina ha estado en emergencia desde la presidencia de Sixto Durán-Ballén, estado que fue ampliado por Mahuad y otros mandatarios a otras zonas de influencia en la cuenca del río Paute.
Según el representante de Correa en la provincia, “hay el inminente peligro de un macrodeslizamiento”. Ese peligro era latente desde antes del primer deslizamiento: el 29 de marzo de 1993, 200 millones de metros cúbicos de rocas y tierra taponaron los ríos Cuenca y Jadán inundando extensos territorios tanto del Azuay como del Cañar. Se calcula que se represaron 300 millones de metros cúbicos de agua; 100 millones menos que lo que almacenará Mazar.
El agua subió durante 30 días y obligó a la evacuación de 14 mil personas. Fue catalogado como el segundo desastre en magnitud en Sudamérica y culparon de todo eso a la explotación ilegal de áridos en las faldas del cerro Tamuga y en el cauce del río Cuenca y Paute, que a ese punto llega con los aportes de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay, Machángara, Jadán y Burgay. Un enorme caudal que da vida al mayor proyecto hidroeléctrico de país: Hidropaute.
Por allí atraviesa una falla geológica que se origina en el valle de Yunguilla, pasa por Girón, Turi, La Josefina y llega tras recorrer 100 kilómetros al cantón Cañar. La explotación indiscriminada aceleró el desastre.
Para atender la emergencia de 1993, cuando hubo pérdidas por 150 millones de dólares, el Ecuador recibió una generosa ayuda internacional en vituallas, implementos de supervivencia, dólares y euros. La Defensa Civil del Azuay, hoy invisibilizada totalmente, quedó como una de las más equipadas del país.
Iniciada la etapa de reconstrucción se reasentaron comunidades, se levantaron barrios (solo en Paute se construyeron 240 casas para recuperar Paute Viejo), se reubicaron puentes, pero también hubo quienes huyeron de la justicia tras malversar fondos, y sobre todo los explotadores de los áridos responsables de la tragedia quedaron en la impunidad.
Y mientras todo esto ocurría, la explotación minera seguía incólume. Ha seguido incólume hasta el martes anterior, cuando se hizo el anuncio de una nueva emergencia.
Entonces, a más de distraer un poco la atención de la opinión pública fijada este momento en la Ley de Recursos Hídricos y las movilizaciones indígenas, nada nuevo hay detrás de esta decisión “que no pretende causar alarma”, como lo dijo el Gobernador.
Mejor se hubieran ahorrado el nuncio, pues se pusieron en evidencia. Lo único que debían hacer, esta y las anteriores administraciones, es cumplir la ley: obligar el cese de la explotación y mandar a la cárcel a los explotadores, así hayan sido alcaldes o familiares de alcaldes.
Y obligarlos a reforestar la zona, a devolver el cauce natural al río, pues su actividad provoca la erosión que va a parar en las represas de Mazar y Daniel Palacios, disminuyendo su vida útil.
Es decir, el problema no está en las emergencias, sino en que la ley se cumpla.
De los dos lados.
Artículo publicado en EL UNIVERSO