Una mala noticia: desde hace mucho que la Ley Arizona, en versión ecuatoriana, está vigente en nuestro país.
Se trata de una obcecación, manifestada con juicios de valor, de ciertos periodistas y policías que criminalizan, por su aspecto, a peruanos, colombianos, cubanos, e incluso a ecuatorianos de una región diferente a la suya. En las páginas de crónica roja de los medios de aquellos periodistas se lee con frecuencia que tal o cual sospechoso de un delito “tenía aspecto de peruano”, “acento de colombiano” o era “de raza negra”.
Claro que cuando el “sospechoso” tiene aspecto de ecuatoriano, tez blanca o un bonito cantado cuencano, el detalle se vuelve irrelevante y se lo obvia. Acto consciente entre quienes creen importante destacar la nacionalidad o el “aspecto” del “presunto” –palabreja con la que buscamos inmunidad– solamente cuando el involucrado es un inmigrante.
En el año 2006, gracias a una beca de investigación periodística otorgada por Fundación Avina, recorrimos durante dos meses –junto a los periodistas Juan Francisco Beltrán, Juan Pablo Vintimilla y Francisco Ipanaqué– varias provincias del Austro Ecuatoriano y departamentos del norte del Perú, en busca de lo que en nuestro proyecto llamamos: la expansión del Tahuantinsuyo y el camino de la migración.
Al menos 30 mil peruanos viven hoy en el Ecuador, según cifras extraoficiales. Es el caso más palpable de la seducción del dólar desde que se implantó como moneda corriente en Ecuador. Los colombianos desplazados por la violencia son otro componente.
En Sabanilla, por ejemplo, al sur de la provincia de Loja, miles de peruanos llegan para trabajar en las plantaciones de maíz, en siembra entre enero y marzo, y en cosecha entre junio y septiembre. El resto del año van a sus hogares.
La situación es diferente para quienes se han internado en las minas de Bella Rica, en la zona costanera del Azuay. Allí trabajan nueve horas seguidas por siete dólares diarios; actividad en la cual cobran solamente cada 30 días. O para los trabajadores de la zafra en La Troncal, donde ganan 35 dólares semanales, a razón de 1,40 dólares por tonelada métrica de caña cortada, y con ello financiar su estadía, alimentación y enviar el resto a sus familiares.
De paso por la provincia de El Oro, un Intendente de Policía nos confirmó que en una sola bananera trabajaban tres mil ciudadanos peruanos sin ningún tipo de beneficio legal, por su condición de indocumentados.
Son a estos trabajadores, inmigrantes honestos como los ecuatorianos que sobreviven en Norteamérica –bajo “sospecha razonable”– o Europa, a los que también les perjudica la criminalización mediática “por su apariencia o acento”, cuando uno de ellos está involucrado en un acto delictivo.
Por eso asistimos, con estudiantes de periodismo de la Universidad de Cuenca, a la marcha anti Ley Arizona convocada la semana anterior por la Senami, pero con un pedido propio: que primero eliminemos la Ley Arizona-Ecuatoriana.
Exigimos justicia para los ecuatorianos fuera del país, pero también ofrezcamos garantías para los inmigrantes en el Ecuador.
Al menos el grupo de futuros periodistas que marchó la semana pasada no criminalizará por su aspecto, acento o color de piel, a ningún inmigrante más. Ahora la propuesta debe sensibilizar a periodistas prejuiciados e industriales inescrupulosos.
Es lo justo.
Artículo publicado en EL UNIVERSO