Carlitos no quería perder tiempo. A poco de conseguir el puesto de relacionista público del Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago, CREA, quiso congraciarse con sus amigos periodistas. Los necesitaba para que su actuación como funcionario se refleje en la publicación de boletines de prensa.
El CREA –especie de superministerio que allanó el camino para que el Austro aproveche la riqueza del Oriente– no vivía su mejor época. Pero había que hacer el intento. Así que nada mejor que visitar las granjas del organismo de desarrollo regional en Morona Santiago.
Los vehículos de la institución estuvieron prestos. Y la atención en la granja debía ser de lo mejor. Por eso, el primer día del paseo de Carlitos –como cariñosamente lo llamaban– y sus amigos periodistas, ordenó que se preparen los mejores ejemplares de los criaderos de tilapias, para que los comunicadores sociales constaten la calidad de la producción piscícola del CREA.
Todos quedaron satisfechos. Tan ensimismados estaban que no se percataron de que acababan de almorzarse los ejemplares adquiridos para reproductores. Se comieron las gallinas de los huevos de oro, en medio del paseo periodístico.
Cada vez que recuerdo este episodio esbozo una sonrisa, pero al mismo tiempo me indigno porque este delito contra la función pública quedó en total impunidad.
El pasaje me vino a la mente luego de leer en la prensa local una información que recoge el auto de llamamiento a juicio contra el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco Carpio, y cinco funcionarios más, porque “con personal y maquinaria institucional se ejecutaron trabajos en terrenos particulares”.
La acusación se centra en que el Consejo Provincial del Azuay abrió un camino en la comunidad Sigcho, parroquia Sinincay, beneficiando a los administradores de la radio Splendid: sus antenas de transmisión se encuentran en ese sitio. El gerente del medio privado era, en ese entonces, Fernando Valencia, quien al mismo tiempo fungía como director del departamento de comunicación de la Prefectura.
El auto de llamamiento a juicio fue formulado por la Segunda Sala de lo Penal del Azuay, argumentando que los funcionarios incurrieron en el artículo 257 del Código Penal, que tipifica la figura de peculado.
La denuncia se remonta al año 2008, en la Comisión del Control Cívico contra la Corrupción. En una primera etapa se sobreseyó al Prefecto y a su amigo Valencia, pero la Fiscalía apeló y en este nuevo auto de llamamiento se incluyen a los dos funcionarios.
¿Hay alguna diferencia entre comerse las tilapias reproductoras del CREA y abrir una carretera para beneficiar a periodista y emisora leales?
Ninguna. En ambos casos se configura el abuso contra los bienes del Estado en beneficio particular. Y ejemplos como estos hay muchos en el sector público.
De comprobarse el delito en mención, se pondría en evidencia el abuso. Y tal como van las cosas, el prefecto Carrasco será juzgado en rebeldía, pues al momento cursa una maestría en España, para lo cual en abril pasado se adjudicó dos meses de licencia.
El trabajo en el sector público debería estar investido de un afán puro de servicio. El servirse de los bienes públicos en beneficio personal, no es más que otra forma de corrupción.
Artículo publicado en EL UNIVERSO