Algo extremadamente grave ocurrió el 30 de septiembre anterior, cuando dos derechos fundamentales para los 14 millones de ecuatorianos, seguridad e información, fueron secuestrados.
El primer atentado ocurrió desde las 07:30, cuando la estulticia uniformada hizo creer a unos pocos que estaban autorizados a atentar contra lo más preciado del ser humano, su seguridad, para lograr sus “pingües” aspiraciones egocéntricas (ascensos y medallas en el pecho) y económicas (bonos y aguinaldos al bolsillo).
Y así empezó una especie de miedo ascendente: desde muy temprano las calles se volvieron un poco más desprotegidas que antes, solo que ahora los propios policías alentaban desorden, caos, irreverencia. El irrespeto a todo lo sensato.
El miedo se convirtió en pánico cuando se conocieron los primeros desmanes, saqueos, asaltos a mano armada en almacenes y agencias bancarias. En imágenes pintorescas y patéticas se vio a los patrulleros destinados a ofrecer seguridad, circular con sus sirenas ululantes mientras desde los baldes llenos de integrantes del Movimiento de Izquierda Universitario, MIU, se lanzaban “consignas reivindicatorias”. ¡MIU y Policía!, mezcla vergonzosa y explosiva por las calles de la progresista Cuenca.
Y el pánico desembocó en terror cuando a las 20:00 los medios privados se liberaron del otro secuestro, el informativo, para mostrarnos las imágenes de lo que realmente había ocurrido horas antes en el país, y ocurría en ese momento en la capital: ecuatorianos de uniforme enfrentándose a bala; en el medio, civiles.
La declaratoria del estado de excepción y la consecuente “cadena obligatoria e indefinida” fue el anuncio del segundo atentado democrático del jueves 30 de septiembre: los medios de comunicación obligados a contar una sola versión de los hechos.
El reto que planteó este segundo secuestro a los medios públicos y a los incautados por el Estado, que inesperadamente se volvieron públicos, superó sus expectativas técnicas y profesionales.
Fueron incapaces de tratar un tema del cual dependía la vida del Presidente de la República. Sus limitaciones tanto periodísticas como de logística provocaron desinformación, lo que directamente se complicó cuando se alinearon como si fueran simples relacionistas públicos del régimen, operadores de un carrusel de entrevistas a las que accedían solamente funcionarios, algunos totalmente alejados del escenario que se había planteado.
Olvidaron sus obligaciones periodísticas. Su compromiso con la verdad. Y si bien la objetividad es un tema superado en el ámbito de la comunicación social, los secuestradores de la información se olvidaron de la imparcialidad, de sus valores éticos. Jugaron a manipular.
¿Habrá ido la señora Giovanna Tassi, directora de la Radio Pública del Ecuador, a la toma del Hospital de la Policía, tal como pidió a través de aquellos micrófonos a una ciudadanía que desconocía que allí estaban 1.500 policías enardecidos y dispuestos a matar, tal como revelaron las grabaciones de la central de radiopatrulla?
Si ella fue, es su responsabilidad. Lo que le está prohibido es usar la concesión ciudadana de estar al frente de un medio que nos pertenece a todos, para promover un contralevantamiento civil. Como acostumbra radio La Luna.
Lecciones que deja una sublevación policial y cuyos responsables deben ser sancionados. Tanto los uniformados, que secuestraron la seguridad ciudadana, como los civiles –serviles– incapaces de responder a la demanda informativa en tiempos de crisis
Artículo publicado en EL UNIVERSO